El 7 de febrero de 2020 fue lanzado en Santo Domingo el proyecto “Trato Digno” (EuropeAid/16923/DD/ACT/DO), del Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), para prevenir detenciones y/o deportaciones arbitrarias de personas inmigrantes y sus descendientes.
“Trato Digno”, con su objetivo de promover la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la población inmigrante y sus descendientes conforme al Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH 2018-2022) y la normativa internacional aplicable en la materia, resulta aún más relevante en tiempos de COVID-19. En este tiempo de incertidumbre con las medidas de emergencia del gobierno para evitar la propagación del virus, es fundamental promover, proteger y vigilar el respeto de los derechos humanos apelando a la opinión pública y los garantes de derechos y fortaleciendo la capacidad de actuación de grupos en situación de mayor vulnerabilidad en la República Dominicana.
Los Relatores Especiales y los Expertos Independientes del sistema de derechos humanos de la ONU piden a los países que respeten los derechos humanos de los demás y que no aprovechen de las medidas de emergencia frente a la pandemia del coronavirus para el no cumplimiento de derechos humanos. Una nueva resolución de la CIDH 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, emitida el 10 de abril, hace la misma exhortación.
TRASFONDO DEL PROYECTO
A pesar de los esfuerzos importantes del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), las deportaciones por vía terrestre han seguido en auge, según cifras oficiales totalizando 166,750 eventos entre mediados de 2015 hasta fines de 2018. En la práctica lo que las OSC han observado es que hay ambigüedades en la legislación actual respecto a detenciones/deportaciones de personas migrantes y que el volumen elevado de deportaciones hace virtualmente imposible cumplir con el debido proceso. La Ley de Migración actual (2004) y su posterior reglamento (2011) son débiles en relación con debido proceso, mientras que el acuerdo bilateral de 1999 con Haití es más robusto pero hay incertidumbre respecto al estatus de este último acuerdo.
A mediados de 2015, al reanudar las deportaciones después de un moratorio para ejecutar el PNRE, la Dirección General de Migración anunció un nuevo protocolo para efectuar las deportaciones pero nunca fue publicado. Hay debilidades en el contacto oportuno oficial con las autoridades haitianas al respecto de parte de las autoridades dominicanas. Desde una perspectiva de igualdad de género, las madres migrantes están en situación de desventaja cuando deportan a los hombres porque tienen que asumir todo lo que concierne el hogar sin el soporte de su pareja. Aunque, según cifras oficiales, el porcentaje es mucho menor de mujeres deportadas, OSC reportan que agentes de migración no forzosamente toman en cuenta sus necesidades específicas biológicas en estos procesos.
EFECTOS DE COVID-19
Por ahora, el gobierno dominicano ha entendido la urgencia de la situación y ha tomado la medida consecuente de parar las detenciones y deportaciones de inmigrantes por vía terrestre para mitigar la propagación del virus entre los dos países de la isla. Con el estancamiento relativo en la función pública, hay que garantizar que las personas cuyos casos están en curso bajo la operación del Plan Nacional de Regularización de los Extranjeros o de la Ley 169-14 no están perjudicados.
Estados de excepción
Paradójicamente Haití tuvo su primer confinamiento en las Américas antes de la llegada de COVID-19 y es unos de los últimos países en el hemisferio de estar azotado por la pandemia.
El confinamiento, o peyi-lok de los últimos meses de 2019, se refiere a las protestas políticas, económicas, y sociales que paralizaron Haití, precipitadas por los escándalos anti-corrupción revelados a mediados de 2018. No se cerró la frontera entre Haití y la República Dominicana pero las escuelas fueron cerradas y muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas en Haití.
Antes de detectar el primer caso de coronavirus en Haití, el presidente Jovenel Moïse declaró un cierre de la frontera terrestre, recordando sin duda la lucha de nueve años para controlar el brote de cólera de octubre de 2010. La situación es desafiante para Haití de cara a la crisis sanitaria, debido a una carencia de capacidad instalada de servicios sanitarios (ver página 2 de este boletín). El distanciamiento social es un reto en zonas urbanas con el hacinamiento la norma en los barrios populares y la informalidad del trabajo.
En la última quincena de marzo, el presidente Danilo Medina ha introducido manu militari un estado de excepción, un toque de queda, y medidas de distanciamiento social. Para ese entonces la República Dominicana ya contó con un número significativo de casos y una tasa de mortalidad relativo a algunos otros países de la región. Los servicios de salud son débiles y programas de protección social pasan por alto una población significativa sin documentos, sobre todo trabajadores migrantes y sus descendientes nacidos en el país.
Cuatro tipos de movilidades a escala insular durante la pandemia
La frontera no es del todo impermeable en esta crisis, como se explica más abajo. De hecho, las pautas de la Organización Mundial de Salud/WHO (Handbook for public health capacity-building at ground crossings and cross-border collaboration, Marzo de 2020) dan la razón a la República Dominicana y Haití en su mantenimiento de cierta apertura de la frontera, diferente a algunas otras fronteras en la región con consecuencias negativas para migrantes de bajos recursos, sobre todo para las personas que quieren regresar a “casa.”
En la medida en que se desarrolla la pandemia en Hispaniola, se puede observar cuatro tipos de movimiento trans-fronterizo de parte de las personas haitianas.
1. El escenario que llamó más la atención fue el éxodo por la frontera del norte de alrededor de 1,000 haitianos en un solo fin de semana del 21 y 22 de marzo, en lo que algunos han llamado de manera evocativa: “movilidad de pánico.” Una escasa coordinación entre las autoridades en la frontera y capacidad limitada del lado haitiano quiere decir que las pruebas para COVID-19 han sido pocas para estas personas que regresan de manera espontánea.
2. En segundo lugar y de manera simultánea, en virtud del cierre oficial de la frontera, haitianos que buscan trabajo en el interior República Dominicana están ingeniando nuevas rutas, informales y potencialmente peligrosas para cruzar evadiendo las autoridades o pasando gracias al macuteo.
3. En tercer lugar, donde se ejerce de manera eficaz el control puede ser que hay la devolución inmediata de estos migrantes, en procesos de las llamadas no admisiones.
4. Un cuarto tipo de movimiento es el de los habitantes fronterizos quienes, a pesar de la frontera cerrada y los mercados fronterizos bi-semanales suspendidos, siguen cruzando a pie en los alrededores de los cuatro puntos oficiales de cruce. Puede ser que estas personas también son devueltas de manera arbitraria ya que la legislación para autorizar su cruce (en la ley de migración de 2004) no se ha implementado para regular esta migración pendular de larga data.
Panorámica regional e internacional
Nueva jurisprudencia en algunos países de la región está garantizando el derecho a las personas migrantes poder cruzar fronteras, en medio de la pandemia, para regresar a casa, o sea sus países de origen. Hasta un flujo modesto de personas venezolanas ubicadas en otros países de la región están intentando regresar a Venezuela, independientemente del viaje largo y arduo que puede implicar.
República Dominicana ha facilitado el regreso de haitianos-as a su país por la vía terrestre, igual que el regreso de sus nacionales desde territorios como Curazao y Aruba en el Caribe insular.
El acceso a planes de protección social es un tema espinoso cuando se trata de personas migrantes y sus familiares que en tiempos normales pueden no contar son este tipo de asistencia. Los tiempos de crisis pueden aumentar su situación de vulnerabilidad. Hay países como Portugal que han introducido buenas prácticas de confirmar un estatus regular a personas migrantes cuyos expedientes están en proceso y, por ende, facilitando su inclusión en respuestas oficiales a la pandemia.
Por último, trabajadores migrantes esenciales en muchos países (incluyendo ellos que trabajan en faenas agrícolas) pueden ser particularmente expuestos a contagiarse con el coronavirus si no hay medidas rigurosas llevadas a escala y apropiadas tanto en los campos de trabajo como en sus comunidades. Organizaciones de la sociedad civil dominicana están monitoreando este contexto laboral en rubros en que trabajan muchas personas migrantes haitianas en el país como son los campos de caña de azúcar y los bateyes bananeros.
