Desde el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y el Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) condenamos los operativos violatorios del debido proceso en materia de deportaciones que han tenido lugar en Ciudad Juan Bosch y otros puntos del país en las últimas semanas.
El desproporcionado despliegue policial y militar que realiza la Dirección General de Migración (DGM) ha conllevado la persecución y apresamiento de cientos de personas migrantes en zonas residenciales y lugares de trabajo, en operativos que incumplen los procedimientos establecidos en la Constitución dominicana, la Ley General de Migración y acuerdos internacionales que regulan las detenciones y procesos de repatriación de ciudadanos extranjeros.
Demandamos al presidente Luis Abinader tomar las medidas pertinentes para evitar que en su gobierno se continúen violentando los derechos fundamentales y se instaure un régimen de violencia generalizada en contra de las personas migrantes, especialmente de haitianos/as.
Las detenciones masivas de migrantes lejos de contribuir al orden o reducción de los flujos migratorios, incrementan el desborde del sistema, mientras exponen a las personas y comunidades a vivir situaciones de violencia, como los incidentes ocurridos en Ciudad Juan Bosch y otros puntos del país, intervenidos por las autoridades en busca de personas migrantes con posible estatus irregular.
La DGM y los cuerpos de seguridad que le sirven de apoyo han incurrido en acciones al margen de la ley como la detención de personas debidamente documentadas y la irrupción en viviendas y espacio de trabajo sin una orden expedida por un juez. Es pertinente señalar las implicaciones discriminatorias del arresto de personas negras percibidas como extranjeras a quienes se les presume estatus migratorio irregular por su color de piel y características físicas.
De acuerdo a reportes de los veedores comunitarios del Proyecto Trato Digno que implementamos en la Región Enriquillo y Zona fronteriza, en operativos arbitrarios es común el uso de violencia física, el despojo de mercancía y utensilios de trabajo, lo que explica la respuesta airada que este contexto pueden dar las comunidades. Las mujeres son particularmente perjudicadas en este tipo de incidentes que afectan su integridad física.
Asimismo, exigimos al Ministerio Público y al Defensor del Pueblo a realizar una investigación independiente sobre los acontecimientos de Ciudad Juan Bosch y otros puntos en los que se violan los derechos humanos de los migrantes y el debido proceso en materia migratoria, detenciones y repatriación contemplado en las normas nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes.
Las personas migrantes tienen derecho a recibir un trato justo y respetuoso, a la verificación de sus documentos (sin que proceda la detención para quienes tienen estatus regular), a informar a familiares, buscar asistencia legal y la oportunidad de demostrar su arraigo en el país, antes de que curse la deportación. En las intervenciones de la DGM, repentinas y de escasa coordinación técnica, no se toma en cuenta la capacidad de carga de vehículos y centros de acogida que, por lo regular, no cuentan con las condiciones requeridas para recibir a personas migrantes.
Trato Digno promueve el respeto a los derechos de las personas migrantes y sus descendientes en el país, trabaja en el monitoreo, formación de actores clave y acompañamiento para el cumplimiento del debido Proceso en materia de deportaciones, con enfoque en la Región Enriquillo y Zona Fronteriza.
