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POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO TRATO DIGNO La política migratoria del gobierno dominicano en resumen: Operativos migratorios desproporcionados, ineficaces e insostenibles

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Imagen de un operativo migratorio en eSanto Domingo, República Dominicana. Más de 60 mil migrantes haitianos/as, de acuerdo a informaciones suministradas por DGM, han sido deportadas en los últimos tres meses.

En los últimos meses, el gobierno dominicano ha implementado un agresivo régimen de persecución hacia personas migrantes, con cientos de operativos que violentan el debido proceso en materia de deportaciones. Este régimen se caracteriza por un uso desproporcionado de recursos y la vinculación directa de cuerpos de seguridad y de orden público que no tienen competencia en temas administrativos: las Fuerzas Armadas, DNI y la Policía Nacional.

Ante la magnitud de los hechos, desde el Proyecto Trato Digno, OBMICA Y CEDESO, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales a enderezar su política migratoria, dando cumplimento a las normas nacionales que definen el debido proceso en materia de detenciones y deportaciones, el respeto a los derechos y la dignidad de las personas, tal como lo estipula la Constitución dominicana.

  1. Desproporcionados

Los operativos son desproporcionados en el sentido de que recurren a la fuerza y la violencia más allá de lo necesario para lograr sus fines legítimos.

El despliegue militar en redadas y operativos ha generado caos en las comunidades de alta presencia de personas migrantes en el país, poniendo en riesgo la integridad de personasdetenidos/as y expulsados/as al vapor sin brindarles las garantías procesales. Como han denunciado organizaciones sociales, se detiene a miembros de grupos protegidos de detención migratoria por el reglamento de la Ley General de Migración, los cuales incluyen mujeres embarazadas, post partum, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Los dominicanos descendientes de migrantes también son víctimas de las detenciones y procesos de depuración con riesgo de expulsión de su propio país. 

Las deportaciones masivas exacerban la difícil situación que viven las personas migrantes en República Dominicana, mientras crean focos de violencia institucionalizada en entornos rurales y urbanos marginales, donde se encuentran las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad del país. En las últimas semanas, decenas de videos de ciudadanos dominicanos documentan las múltiples violaciones cometidas en los operativos que vulneran el debido proceso sin que se vislumbre un horizonte de sensatez.

Luego de que el gobierno anunciara un número récord de inmigrantes haitianos deportados, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR por sus siglas en inglés), como parte de un llamado regional, el 10 de noviembre de 2022 pidió a las autoridades dominicanas pausar la deportación de migrantes haitianos, dado el contexto de crisis en el vecino país. El presidente Abinader respondió de inmediato, calificó de “inaceptable e irresponsable” la posición de Volker Türk en la ONU y aseguró que las deportaciones aumentarían.

En este sentido, el gobierno dominicano ha malinterpretado y rechazado de forma desproporcionada las solicitudes dirigidas a paises en toda la región para detener la deportación de migrantes haitianos.

La promulgación del decreto 668-22, que dispone la expulsión del país de   extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terreno,  es una flagrante violación a leyes adjetivas, en la que no se establecen distinción por el origen nacional en este ilícito penal. El decreto genera desasosiego entre propietarios de terrenos sin titulación, campesinos/as y ex trabajadores/as que tienen derecho a tierra en las zonas agrícolas. La expulsión de cada persona migrante encontrada ocupando propiedad ajena es una medida desproporcionada y violatoria de los derechos de debido proceso en materias penales y migratorias. 

  • Ineficaces

Los operativos son ineficaces porque, aun aplicando fuerza desproporcionada, no alcanzan el objetivo legítimo de proteger la paz social y garantizar la seguridad ciudadana.

Efectivamente, el despliegue militar ha sido impresionante, en medio de un grave problema de inseguridad a escala nacional, las autoridades se han concentrado el tema migratorio. El Ministerio de Interior y Policía, que encabeza el ex senador Jesús Vásquez (Chú), tiene a su cargo la implementación de la política migratoria, a través de la Dirección General de Migración.  Sin embargo, otras áreas bajo su mandato están en el ojo del huracán. La presente administración enfrenta serios cuestionamientos de la ciudadanía con relación a la creciente ola de inseguridad, con reportes documentados en medios de decenas de atracos a mano armada a plena luz del día y conflictos en sectores populares.

Los datos obtenidos en el marco del monitoreo del Proyecto Trato Digno dan cuenta que las medidas extremas no cumplen con el objetivo de controlar el ingreso irregular de extranjeros, más bien exponen a las personas migrantes a la violencia, la extorsión y el tráfico ilícito de migrantes, acarrean perdidas económicas, y tienen importante secuelas en el aparato productivo nacional.

Mueve a preocupación que el primer mandatario continúe en el camino de debilitar por vía de decretos y medidas administrativas el imperio de la ley, como ha pasado con el condicionamiento del acceso a servicios de salud y las deportaciones de grupos protegidos,   dando cabida a la inseguridad para las y los extranjeros que viven en República Dominicana. En vez de promover políticas de migración a largo plazo que sirven el interés nacional y reflejan las necesidades de la economía dominicana, el gobierno agudiza el uso de violencia contra los migrantes y abandona procedimientos codificados como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) ha descontinuado la renovación de documentos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), bajo el pretexto de una auditoria de lo hecho hasta ahora desde 2014/2015. Los trabajadores migrantes y sus empleadores no tienen mecanismos claros o facilidades para gestionar la regularización de su estatus.  Esto es así a pesar de que las personas migrantes son clave para el desarrollo de las actividades turísticas, agrícolas y de construcción y que el propio empresariado ha cuestionado la falta de alternativas del Ejecutivo. 

Nuevamente el tema de la corrupción administrativa baila en la reflexión. Denuncias en medios locales dan cuenta del cobro de “peajes” por parte de agentes de la Dirección General de Migración, miembros del ejército y la Policia Nacional. De acuerdo a testimonios recogidos por los medios, los extranjeros/as pudieran llegar a pagar hasta 13 mil pesos por su liberación, incluso aquellos con documentos al día, ceden ante la presión para evitar perder tiempo en el proceso depuración.   En el reportaje “Vacacional Haina: “Esa gente está guisando adentro”, la periodista Lourdes Aponte explica como parte  de la dinámica cotidiana  el cobro  de dinero  a familiares para hacer  llegar utensilios de higiene, comida y/o  agua a las personas detenidas.

 El nuevo director de DGM, sin mayor experiencia en el tema, respondió a reportajes de prensa que hablan sobre el particular, alegando que ya ha terminado el “macuteo” (cobro de peajes, mordidas o sobornos) en la institución.   Para dar respuesta a lo que definió como “rumores”, las  acciones correctivas se limitaron al traslado del personal militar que hasta su llegada estuvo dirigiendo las operaciones  en el  “Vacacional de Haina”.

Las autoridades no proporcionan cifras oficiales que demuestren un incremento particular del número de migrantes que han ingresado a territorio nacional desde el inicio de la crisis política en Haití, que tuvo su punto de inflexión con la muerte del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021. 

Son precisamente las estadísticas de deportación las que avalan una supuesta entrada masiva a partir de este hecho.  El escenario parece señalar un círculo vicioso de ingresos y retornos, con serios desafíos en el control fronterizo y la regularización de estatus de extranjeros.

  • Insostenibles

Los operativos son insostenibles porque (1) dañan a la reputación de la República Dominicana como un país abierto, tolerante, y solidario, (2) las industrias que dependen de mano de obra migrante se paralizaran si continúan, (3) operativos de este tamaño no corresponden al presupuesto de la Dirección General de Migración .

El diálogo del gobierno actual con organismos internacionales y gobiernos extranjeros muestra la intransigencia y oposición de la administración dominicana frente cada llamamiento a moderación en la política migratoria de mano dura.  

Las deportaciones masivas son señales que se emiten para bajar la tensión nacional, pero a decir de los expertos, son insostenibles, el costo, las dificultades logísticas y de sistematización de la información para unos cuerpos del orden que permanecen en la época análoga, la cantidad de efectivos que abandonan sus labores cotidianas para hacer vigilancia y detención, completar el registro y traslado hacia los puntos de interdicción fronteriza pone en duda las cifras aportadas.

Sobre el costo de cada operativo habla el director de DGM con el periódico El Caribe:

“En los operativos diarios de Migración no hemos nosotros todavía redondeado la cuenta, pero en los diarios invertimos entre 150 mil y 200 mil pesos. Dependiendo de la cobertura del operativo… depende de donde sea el operativo y la dimensión que tenga, de eso depende también el costo. Un día gastamos 150 mil, un día se van 200 y otro día se van 250 mil. Por ejemplo, en los operativos que hicimos en Villa Mella, que era un poco incómodo y lejos, ahí fue un poco más costoso. Luego fuimos a Bonao y así sucesivamente, pero todo depende de la dimensión”.

Si asumimos que estas cifras son ciertas, y que los operativos de inmigración se realizan todos los días de la semana (aunque sabemos que también se realizan los fines de semana), el costo de los operativos alcanza entre 30 y 65 millones para este año. Esta cantidad supera la mitad del presupuesto dedicado a combustible de todo el Ministerio del Interior y Policía.

De acuerdo a datos ofrecidos por la Dirección General de Migración (DGM), en los últimos tres meses más de 60 mil personas han sido deportadas por vía terrestre. Si el gobierno cumpla con su promesa y aumenta las deportaciones aun mas, también aumentaran los costos ya insostenibles. El MIP no puede permitirse el lujo de ampliar aun más los operativos a costa de la seguridad ciudadana en el país.

La situación en los puntos fronterizos es cada vez más crítica, allí se forma un cuello de botella, y no hay claridad sobre la manera en que se hacen los registros que dan cuenta de las deportaciones. En octubre, el gobierno informó con orgullo que en el mes de septiembre se produjo un récord de deportaciones.Los últimos datos proporcionados por el gobierno muestran que aparte del número récord de deportados, también se han “repatriado” unos 14,976 haitianos en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022.

Cuando las políticas migratorias se centran únicamente en las deportaciones se suprime el debido proceso

Los operativos migratorios son realizados por dispositivos policiales y militares fuertemente armados, como lo demuestran audiovisuales que apoyan las declaraciones del director de comunicación de la presidencia y los que circulan en redes sociales. Las tropas ingresan a viviendas y lugares de trabajo, lo que en la legislación nacional se conoce como allanamiento y está prohibido sin orden judicial. Este elemento entra en contradicción con la independencia del Ministerio Público que debe intervenir para garantizar la legalidad de las detenciones y los derechos de las personas privadas de libertad.  

Las personas migrantes son detenidas, llevadas a centros de “acogida” (es decir, centros de detención) y trasladadas en vehículos que no cuentan con las condiciones adecuadas.  En la mayoría de los casos son deportados sin darles oportunidad de informar a familiares y amigos, buscar asistencia legal o demostrar arraigo. Los medios de prensa han denunciado las deplorables condiciones en las que se encuentra el llamado Vacacional de Haina en Santo Domingo, el centro de detención más conocido del país. Se reporta la detención de migrantes debidamente documentadas y nacionales dominicanos que por su perfil fenotípico son asumidos como extranjeros. Como muestra una alerta reciente de la Embajada de los Estados Unidos, ciudadanos y residentes estadounidenses “estadounidenses de ascendencia africana” han reportado haber sido detenidos o sujetos a un mayor interrogatorio por parte de autoridades migratorias dominicanas. El comunicado advierte a los ciudadanos estadounidenses “de piel más oscura” que las autoridades dominicanas suelen detener a supuestos migrantes indocumentados “sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días.”

Conclusiones y recomendaciones

Como anteriormente en estos tres años de implementación y monitoreo de derechos humanos en la región Enriquillo, reiteramos nuestro rechazo a los operativos de deportación que vulneran los derechos y la dignidad de las personas migrantes, que no se corresponde con el espíritu solidario, de buena convivencia y receptividad del pueblo dominicano. 

El Estado dominicano tiene la potestad soberana de disponer la entrada y salida de extranjeros del territorio nacional, siempre que se haga en respeto de los derechos humanos, el debido proceso y garantice la dignidad de las personas.  Nos unimos a las voces de cientos de organizaciones y líderes que a nivel nacional e internacional condenan el retroceso en la gestión de las migraciones en República Dominicana. 

Desde el proyecto Trato Digno, CEDESO y OBMICA instamos a las autoridades dominicanas a que:

  • Desistan en las expulsiones de categorías de personas no deportables según las leyes dominicanas, notablemente mujeres migrantes embarazadas o lactantes, niños, niñas y adolescentes migrantes, y descendientes de migrantes nacidos en RD, desnacionalizados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
  • Apliquen estándares internacionales de derechos humanos, robusteciendo y transparentando el debido proceso en casos de deportaciones de migrantes.
  • Establezcan regímenes de consecuencias para los agentes migratorios que en sus intervenciones actúen fuera de los lineamientos que amparan sus actuaciones y el debido proceso en materia de dichas interdicciones y detenciones migratorias para fines de deportaciones de extranjeros.
  • Tomen medidas pertinentes a los fines de cesar las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos y sus familiares; garantizar protección a quienes pudieran necesitar protección internacional y además de abstenerse, desterrar del país a personas dominicanas de ascendencia haitiana (sean estos documentados o no). 
  • Lleven a buen término el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), buscando a la vez crear más canales sostenibles para propiciar la migración legal transfronteriza.
  • Lleven a buen término un plan piloto para carnetizar a habitantes fronterizos, con miras a luego llevar este plan a escala en los otros tres puntos de cruce oficiales.

Dossier de publicaciones en medios de prensa sobre deporaciones 2022

Compartimos un dossier con enlaces de publicaciones de prensa, redes sociales, medios televisivos sobre el incremento de operativos migratorios y deportaciones masivas en noviembre de 2022. 

POSICIONAMIENTOS DEL ESTADO

REACCIONES

DENUNCIAS

DATOS SOBRE LOS OPERATIVOS MIGRATORIOS

IMPACTO EN APARATO PRODUCTIVO NACIONAL

VIDEOS / RRSS

Contenido en inglés

Dominican Republic steps up deportation of Haitian refugees https://www.youtube.com/watch?v=GB6r4-MHReY

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