Un año de grandes desafios para la política migratoria donde se manifiesta la solidaridad del pueblo dominicano
En la República Dominicana el 2022 será recordado como un año de quiebre de la línea de progreso en la defensa de los derechos humanos, y de manera particular la gestión de las migraciones en el país. Importantes logros como mesas de diálogo, el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), espacios de interlocución con sociedad civil y grupos ciudadanos, fruto del consenso y el trabajo colaborativo de diversos sectores de la vida nacional durante más de 20 años, han sido abandonados, reducidos o desmantelados. Constituye un revés inesperado que pone distancia entre el gobierno y la sociedad a la que debe servir, mientras presenta una imagen al mundo que no hace justicia al accionar de un pueblo de inmigrantes como el dominicano, con una larga historia de acogida de personas provenientes de todo el mundo.
Las actuales autoridades han impuesto una política migratoria restrictiva e ineficaz, incongruente con el periodo de recuperación tras el largo confinamiento por Covid-19. De manera que no responde a las necesidades de la sociedad dominicana, produce pérdidas a empleadores/as e inestabilidad al aparato productivo nacional. Lastimosamente se vulnera los derechos, la dignidad y la economía de las personas migrantes, sus familiares y las comunidades dominicanas que las acogen. Se invisibilizan importantes contribuciones de trabajadores/as migrantes a la economía nacional en rubros como la agricultura, turismo y el sector de cuidados.
Grupos con necesidades de protección especial, como adultos mayores, mujeres embarazadas, lactantes, niños, niñas y adolescente se encuentran en la mira constante de las autoridades, detenidos frecuentemente. Por ejemplo, el monitoreo a escala fronteriza muestra mil 800 menores de edad no-acompañados deportados y unas mil mujeres embarazadas o mujeres con hijos menores de edad también deportadas. Pese al llamado de organismos internacionales al cese de las deportaciones de personas haitianas en la región, dada la delicada crisis política y económica que vive esa nación, en el país se ha registrado un aumento exponencial de operativos migratorios, dejando un saldo de más de 100 mil personas deportadas por vía terrestre en doce meses. Esto implica una desproporcionada cantidad de recursos humanos, económicos y de logística
Las restricciones al acceso a servicios públicos, como la salud materno infantil, los enfoques discriminatorios en la aplicación de las leyes dirigidas a personas migrantes, no excluyen a nacionales. El riesgo de las detenciones y expulsiones de dominicanos y dominicanas hijos de migrantes genera malestar a ciudadanos y comunidades que luchan por la inserción social, en la medida en que persisten problemas para su efectiva documentación y acreditación de nacionalidad. Las detenciones y deportaciones masivas, al tiempo de innecesarias e ineficaces, hacen imposible dar cumplimiento el debido proceso en materia de deportaciones, desbordan la capacidad del sistema y utilizar personal militar y policía la labores administrativas que no son forzosamente de su competencia.
No existen vías claras para formalizar el estatus de las personas migrantes del colectivo haitiano en el país, lo que solo sirve para reforzar la irregularidad. Dichos migrantes continúan excluidos de oportunidades económicas y de la integración social que tanto beneficia a las comunidades de origen y receptoras, y que ha demostrado ser el camino idóneo para estabilizar flujos migratorios.
Desde el Proyecto Trato Digno, liderado durante tres años por OBMICA y CEDESO se ha hecho monitoreo del cumplimiento de derechos en la zona fronteriza y región Enriquillo y asistencia a personas migrantes para la prevención de detenciones arbitrarias. Hemos constatado como la participación y la solidaridad de los actores locales ha sido fundamental para afrontar un año de grandes desafíos en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en República Dominicana.
Frente a la arbitrariedad se levantan el espíritu solidario, receptivo y progresista del pueblo dominicano, que se manifiesta día tras día en acciones de protección a personas migrantes y desafío de los abusos. Son las y los dominicanos/as quienes documentan y suben a las redes sociales las evidencias de operativos arbitrarios, mientras exigen a las autoridades respetar el fuero domiciliario y las garantías procesales. Son los maestros dominicanos/as que brindan educación, emiten certificaciones y procuran que los niños, niñas y adolescentes no sean sujeto a deportaciones, son los promotores y líderes locales quienes alzan su voz y dan seguimiento a los operativos para evitar vulneraciones o prestar auxilio cuando se producen. Son ellos los que dialogan y sensibilizan a las autoridades, son los empleadores/as, amigos y familiares los que van a centros de detención a abogar por derechos. Son los médicos quienes prestan sus servicios sin distinción y luchan por la vida en los hospitales. Seguimos abogando por una moratoria en las deportaciones por vía terrestre y el cumplimiento a cabalidad de debido proceso en cualquier detención o deportación de personas migrantes o en intentos a expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana.
En honor a la tradición migratoria de los mismos dominicanos, hoy el día internacional de las personas migrantes recordamos la urgencia de abocarse a soluciones basadas en investigación y evidencia, que dignifique y ponga en valor a las personas migrantes como motores de desarrollo sostenible.
CEDESO y OBMICA
18 de diciembre de 2022
Para ampliar la información, puedes consultar eldosósier sobre las deportaciones. La política migratoria del gobierno dominicano en resumen: Operativos migratorios desproporcionados, ineficaces e insostenibles
