Por: Clara Morel
Tras el anuncio, comenzando a finales de septiembre de 2021, hecho por el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana sobre la implementación de medidas restrictivas contra mujeres migrantes limitando su acceso al sistema de salud pública a los casos de emergencia y la prohibición especifica de la entrada al país a extranjeras en situación migratoria irregular a partir del sexto mes de gestación, se han realizado decenas de operativos de interdicción y captura de mujeres en centros de salud de Santo Domingo y algunas provincias del país con el objetivo de deportarlas.
La propia Dirección General de Migración (DGM) ha reportado, al menos, un centenar de mujeres detenidas en entornos hospitalarios, algunas de ellas incluso con sus hijos en brazos, lo que ha consternado a la sociedad dominicana y generado el rechazo de diversos sectores a nivel local e internacional.
Las redes han estado inundadas de videos y relatos que dan cuenta de lo atropellante que han sido las incursiones de Migración, como fue el caso de la captura de Nathalie Bolival, sacada de una sala de hospital al que fue a buscar asistencia médica, a pesar de que tenía contracciones y dilatación avanzada. A ella se le presentó el parto dentro de un vehículo de la DGM mientras era trasladada para ser deportada. Al nacer, su hijo no tuvo complicaciones pero ella presentó un intenso sangrado. Ambos fueron rescatados por representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). En cuestión de horas la imagen de Nathalie y su bebé le dio la vuelta al mundo a través de las plataformas sociales. El Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración 285-04 y protocolo de entendimiento firmando entre Haití y República Dominicana, establece que las embarazadas, los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes y los solicitantes de refugio no pueden ser deportados.
Organizaciones de sociedad civil en la zona fronteriza de Haití y República Dominicana han reportado la llegada de autobuses llenos de embarazadas desde el pasado 11 de noviembre. De acuerdo a las declaraciones ofrecidas a los medios por el activista Pedro Canó de Fundación Frontera Sur y las publicaciones del Grupo de Apoyo para Repatriados y Refugiados (GAAR) que opera en el punto fronterizo Belladère-Elías Piña, las mujeres llegan con muy pocas pertenencias, sin investigación previa sobre su estuatus o situación familiar, incumpliendo el debido proceso en materia de deportación que amertia de una fase de inspectoría y depuración que brinda la oportunidad a la persona migrante de contactar a familiares y allegados, buscar asistencia legal y demostrar su arraigo en el país.
Los operativos contra las embarazadas constituyen una violación sin precedentes al derecho fundamental a la salud, la equidad de género, la protección de la maternidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, han sido definidos como cacería de mujeres o actos de violencia obstétrica a gran escala, por especialistas dominicanas en materia de género como Sergia Galvan y la comunicadora Edith Febles.
La protección a la maternidad y primera infancia está garantizada por la Constitución dominicana, forma parte del conjunto de instrumentos legales de jurisdicción nacional y acuerdos internacionales vinculantes al país, relativos a los derechos y la integridad de las mujeres y sus hijos, equidad de género, salud, educación, trabajo, migración, antidiscriminación, oportunidades de desarrollo y la salvaguarda del interés superior del niño, niña y adolescente. El cumplimiento de estos estándares constitucionales es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, CONANI, Ministerio de Mujer y el Ministerio de Interior y Policía a través de la Policía Nacional y de la propia Dirección General de Migración.
Independientemente de su origen nacional o estatus documental, las mujeres tienen derecho a no ser discriminadas por motivos de maternidad. El Convenio de Protección a la Maternidad de Organización Internacional del Trabajo, del que el país es firmante, establece que las embarazadas y madres en período de lactancia requieren servicios adecuados, controles pre natales para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, necesitan condiciones dignas para dar a luz, así como un tiempo adecuado para su recuperación y el cuidado de sus hijos recién nacidos.
Representación de las migrantes haitianas en medios de comunicación: estereotipos negativos sobre las mujeres migrantes
El Estado dominicano ha desplegado por diversas vías una propaganda avasallante contra las madres migrantes, a quienes atribuye, sin evidencia consistente y sustentable, un “inminente colapso de los servicios gineco-obstétricos en el sistema de salud”. Se dan a conocer cifras desproporcionadas hasta en un 300 por ciento o fuera de contexto para transferir a las mujeres la responsabilidad de los problemas transversales del sistema público, evidentemente impactado por los embates de la emergencia sanitaria por Covid-19 todavía en curso, datos refutados por el ex-director de Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany. En el artículo “”Desmontando los fake news del gobierno contra las mujeres haitianas” el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana hace análisis de las informaciones falsas sostendidas or los actores gubernamentales sobre la sobre los costes de la inversión en servicios de salud destinados a mujeres migrantes.
Ante este supuesto desborde, las usuarias dominicanas, según el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, han tenido que moverse al sector privado. En esta narrativa, es común el uso de términos despectivos como “parturientas” y conceptos denigrantes como “invasión del vientre” por parte de funcionarios públicos y actores políticos radicalizados que buscan deshumanizar a las embarazadas y presentarlas como un peligro para la seguridad nacional.
La campaña contra las migrantes embarazadas promueve la xenofobia y visibiliza a las mujeres haitianas únicamente en su capacidad reproductiva y no como trabajadoras que contribuyen a la economía (OIM / OIT diagnóstico migración laboral de mujeres migrantes (OIT 2014; OCDE 2018). Es un tema que OBMICA ha investigado bien a fondo, en el caso de las trabajadoras del sector azucarero, las proveedoras de servicios domésticos y de cuidados. Pueden consultar hallazgos y recomendaciones en este enlace. ¿Qué enlace?
El debate se ha centrado en el costo del uso de los servicios de salud, conjeturas sobre las redes de tráfico ilícito de migrantes y supuestos “viajes de parto” desde Haití a República Dominicana. Muchas de las mujeres que aparecen en las fotografías de hospitales superpoblados residen en el país y están haciendo uso de los servicios de salud que necesitan. Las migrantes pagan impuestos a través de compra de productos, la adquisición de servicios y el envío de remesas. También de los descuentos salariales que se les aplican a estos fines sin que se traduzcan en derechos laborales o acceso a la seguridad social.
La estigmatización y la retórica hostil hacia mujeres embarazadas en medios de comunicación no se circunscriben a las migrantes haitianas. Adolescentes con embarazos precoces, dominicanas descendientes de migrantes, las multiparitarias, y las que provienen de hogares por debajo de los niveles de pobreza, sufren los estragos de un sistema desigual y una narrativa discriminatoria.
Las consecuencias de las medidas discriminatorias en el sector salud
El sistema de salud se enfrenta al desafío de brindar servicios de calidad, la necesidad de aumentar la inversión. Los ciudadanos preocupados por esta carencia establecen conexiones entre la corrupción actual, el endeudamiento del gobierno y la inversión social inadecuada. El chivo expiatorio de las mujeres migrantes en la precaria coyuntura del parto es una técnica de distracción.
La promoción del rechazo hacia mujeres embarazadas en situación migratoria irregular puede desencadenar otras acciones violentas, envía un mensaje confuso que se contrapone a los esfuerzos multisectoriales para erradicar la violencia de género e intrafamiliar, un grave problema que en República Dominicana reporta decenas de víctimas anualmente.
El temor a ser deportadas en operativos migratorios disuade a las mujeres de buscar la asistencia médica que necesitan y completar su programa de chequeos prenatales. Tras la embestida, agencias del gobierno, como la Dirección General de Migración y el Ministerio de Salud Pública reportan como un éxito la baja asistencia de mujeres extranjeras a los servicios médicos (Baja número de embarazadas haitianas en hospitales dominicanos).
La mortalidad materna infantil todavía se encuentra a niveles alarmantes en el país. En 2020 fallecieron 208 mujeres por complicaciones de parto. El número se disparó en un 48% con relación al 2019. De acuerdo a UNICEF, el 80% de estas muertes fueron por causas evitables.
En los últimos 10 años, ha existido una especie de cruzada para fortalecer los mecanismos de protección a la maternidad y el cuidado infantil, con algunos avances y serios desafíos por delante, para lo cual se habían diseñado planes estratégicos sin sesgos raciales, etarios o discriminación por origen nacional, un enfoque que, al parecer, ha sido abandonado por la actual administración.
Para mejorar las cifras, el Ministerio de Salud Pública parece inferir que la solución pasa por excluir a las extranjeras del sistema público.
Las intocables redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
República Dominicana es destino, puente y emisor de personas tratadas y traficadas. Actualmente hay un anteproyecto de ley en curso sobre trata y tráfico de personas en el país a la espera de ser aprobado para modificar y robustecer la legislación en la materia.
El tráfico de migrantes y la trata de personas es un fenómeno a escala global, necesita de un abordaje integral y respetuoso que proteja a las víctimas, el diseño de políticas migratorias sensibles al tema de género, la correcta aplicación de la ley que permita la persecución y sometimiento de las redes que propician estas formas de violencia.
Marco legal de protección a la maternidad
Los operativos migratorios contra mujeres embarazadas contradice el numeral 6 del artículo 55 de la Constitución dominicana que estipula que “La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo”. También viola las funciones establecidas y obligaciones éticas del personal de salud de atender a todas las personas que lo necesiten.
De igual manera, violan la Ley General de Salud en la República Dominicana tiene el objetivo de promover, proteger, mejorar la salud a las personas y comunidades, y prevenir enfermedades. Los servicios médicos no deben ser limitados por el estatus de ciudadanía, basado en el Artículo 3 de Ley 42-01.
De acuerdo al reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración (2011) y el Protocolo de Entendimiento entre Haití y República Dominicana (1999), mujeres en estado de embarazo, niños, niñas y adolescente, envejecientes y solicitantes de asilo no pueden ser sujetas de deportación.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el instrumento internacional más importante para la promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, presenta evaluaciones periódicas y ofrece recomendaciones a los estados firmantes. República Dominicana se hizo signataria en 1982.
El Convenio sobre la Protección de la Maternidad es el instrumento jurídico internacional más reciente en dicha materia, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2000. Fue ratificado en el país en 2014.
La República Dominicana es signataria de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y de la Declaración Mundial sobre la Surpervivencia, la Protección y el Desarrollo de la Infancia, se ha comprometido a dar protección al niño desde su nacimiento hasta su mayoría de edad;
Convertir a los centros de salud, incluyendo las maternidades, en lugares potenciales de inspección migratoria y captura para deportación viola el Artículo 12 de la CEDAW que establece que los Estados deben tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.
Los operativos migratorios contra mujeres embarazadas contradicen el Artículo 12 párrafo 2 de la CEDAW que declara que todos los “Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Estas prácticas también contravienen la recomendación general 26 de la CEDAW, sobre las mujeres trabajadoras migrantes, la cual reconoce que “a menudo, las trabajadoras migratorias son víctimas de desigualdades que ponen en peligro su salud” y que “la discriminación puede ser particularmente aguda en relación con el embarazo”.
Si bien los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y reglamentar la migración, la CEDAW observa que “deben hacerlo de manera plenamente conforme con sus obligaciones como partes en los tratados de derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido. Ello comprende la promoción de procedimientos de migración seguros y la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de la mujer en todas las etapas del ciclo migratorio”. Esto incluye el derecho a la salud y en especial a la salud sexual y reproductiva.
En el informe de 2013, la CEDAW reconoce los esfuerzos desplegados por el Estado dominicano en materia de equidad de género pero expresa su preocupación por la discriminación contra mujeres de origen haitiano en el sistema de salud y la pretensión de que prestadores de servicios sanitarios comuniquen el estatus migratorio de esas mujeres a las autoridades de migración;
Así mismo el Comité recomendó al Estado dominicano garantizar que las mujeres y niñas migrantes tengan un acceso efectivo a la atención de salud, cualquiera que sea su situación como migrantes; Una medida esencial para la eliminación de este tipo de discriminación es liberar a los centros de salud de funciones relacionadas con la inspección y control migratorio para que todas las mujeres en la República Dominicana, sin importar su estatus migratorio y de documentación, puedan tener libre acceso a los servicios de salud.
El país ha estado trabajando en su sistema de gestión migratoria, debe evitar volver a caer estigma de género de mujeres que ven a las mujeres migrantes como una especie de problema a controlar. Se debe enfatizar en asumir las tareas pendientes para implementar la Ley de Migración de 2004, la institucionalización del Consejo Nacional de Migración (CNM-RD) y la habilitación del carnet habitante fronterizo (según lo reglamentado en la materia en 2011).
La diplomacia de Haití busca soluciones a una situación insostenible
En una rueda de prensa en Haití el 17 de noviembre, el enviado especial de la diplomacia de Haiti, el Sr Daniel Supplice, da cuenta de su visita al país para dialogar varios temas que creen tensiones entre las dos naciones. Ha detallado las protestas expuestas a las autoridades dominicanas, en el marco de su misión de una semana a República Dominicana, por el mal trato a las mujeres embarazadas haitianas. Aclaró que el estado haitiano respeta la soberanía del país en materia de control migratorio, siempre y cuando respete el marco normativo internacional, binacional y nacional que rige los derechos de las personas migrantes. En fin, la ONG Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) reporta haber recibido 63 (sesenta y tres) mujeres embarazadas del lado haitiano en la frontera central en apenas tres días, el 10, 11, y 12 de noviembre.
